8 de septiembre: Oportunidad de abrir los ojos a la realidad de la violencia sexual sistematizada en entornos escolares

Elena Laguarda

El 8 de septiembre, marca un hito en nuestro país, uno que lleva años de lucha, en especial gracias a la Oficina de Defensoría de la Infancia (ODI). Esta organización ha dedicado sus esfuerzos a visibilizar, acompañar y defender a niñas y niños que han vivido violencia sexual en espacios que deberían ser seguros para ellas y ellos: las escuelas.

Uno de los casos que la ODI acompañó, fue el del Jardín de Niños Público Marcelino Champagnat, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Los hechos fueron denunciados en octubre de 2018. Este caso forma parte de los múltiples señalados en el informe Es un secreto, publicado en 2021.

En dicho informe se documenta cómo, en escuelas públicas y privadas de nivel preescolar y primaria, ocurrieron agresiones cometidas por grupos de adultos que combinaban violencia sexual, física y psicológica. En muchos de estos casos, las agresiones llegaron incluso a la explotación sexual en línea, convirtiendo a las escuelas en centros de comisión de delitos.

Un patrón que se repite

El primer caso documentado por la ODI data de 2008. A este se sumaron otros en los que se reconoció que más de 30 niñas y niños afirmaban haber sufrido abuso sexual en la misma escuela, de manera masiva y visible, en distintos espacios del plantel.

Las víctimas narraron abusos extremos, ejercidos con violencia y bajo rituales grotescos en los que eran videograbadas o fotografiadas. Así comenzó a identificarse un patrón delictivo similar en 18 escuelas de 7 estados de la República, incluyendo la CDMX.

Las actualizaciones del informe Ya no es un secreto 2022 y Ya no es un secreto 2023 confirman que la problemática no solo persiste, sino que se ha incrementado: hoy se tienen documentados 25 casos en 11 estados.

El caso del Jardín de Niños Marcelino Champagnat

En este plantel, se registraron 57 denuncias de niñas y niños de entre 3 y 5 años que fueron víctimas de violencia sexual por parte de un maestro de educación física, un administrativo y un trabajador de apoyo técnico y pedagógico. Este último tenía acceso a todas las escuelas de la zona, aunque su oficina se ubicaba en el Marcelino Champagnat. Pese a ello, nunca se abrió una investigación para determinar si había cometido abusos en otros planteles.

De esas denuncias, solo 18 lograron acreditarse y llegar a sentencia, la ODI, acompañó a 9 de ellas. Finalmente, solo dos agresores fueron sentenciados, pese a que las infancias señalaron a 13 adultos como responsables.

Esto significa que la red de complicidad no fue desarticulada, a pesar de que se trataba de delincuencia organizada. La mayoría de los responsables —maestros, supervisores, directivos, personal administrativo, conserjes y de limpieza— permanecen en sus puestos, en contacto directo con niñas y niños, lo cual coloca en riesgo a otras infancias.

A esto se suma que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido un rol cuestionable:

• Distribuye al personal señalado sin garantizar la no repetición.

• Su área jurídica actuó como juez y parte, persuadiendo a familias a no denunciar ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.

• El área psicológica (UAMASI) intentó evaluar en menos de una hora a 30 niñas y niños, con apenas tres preguntas, un procedimiento muy lejos de una intervención adecuada.

• La Fiscalía General de la República y los ministerios públicos fragmentaron las denuncias, evitando una investigación integral. Cuando estos no eran casos aislados sino una herida colectiva.

Una disculpa histórica, pero insuficiente

Tras 7 años de lucha, la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la CDMX fueron obligadas a ofrecer una disculpa pública a las niñas y niños víctimas de violencia sexual.

Se dictó sentencia y con ello el hecho es histórico de pedir una disculpa directamente a la infancia, pero no se ha hecho justicia del todo, pues la propia sentencia ordena a la Fiscalía General de la República que continúe con la investigación de la posible intervención o participación de otras personas en los hechos delictivos.

“Llegar hoy a este momento, a esta disculpa pública, es un logro que ha costado años de lucha. Las personas cuidadoras han enfrentado no solo el dolor personal y familiar, sino también a instituciones educativas, autoridades y obstáculos administrativos y legales. Han persistido cuando hubiera sido más fácil desistir, todo para que mañana, cuando sus hijos recuerden el daño que les hicieron, sepan que eso nunca debió pasar y que su familia hizo todo lo posible por exigir justicia y porque lo ocurrido no volviera a sucederles ni a ellos ni a otros niños o niñas.”— Brenda Caballero Ramírez, Psicóloga ODI.

Sin embargo, la disculpa pública debería ser apenas el inicio de un proceso transformador en el que la dignidad de la infancia sea prioritaria. Lo que ocurre no es un abuso aislado, sino una red de encubrimiento que involucra a trabajadores escolares y a la misma SEP. Es difícil pensar que esta instancia no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo cuando se llevaba a cabo en todo el plantel, lo sabían los docentes.

La primera familia en denunciar recibió de parte de la supervisora de zona la instrucción de levantar la denuncia dentro de la SEP, cuando legalmente corresponde a la Fiscalía. Este esquema, en el que la SEP se “investiga” a sí misma, solo facilita el ocultamiento de pruebas y constituye un delito en sí mismo, ya sea por evitar un escándalo o por formar parte de esta red de complicidades.

Lo que aún falta

“Tanto dolor y rabia pueden transformarse en momentos como este, en los que podemos incidir en más cuidadores y cuidadoras, para que seamos más las personas que cuidamos a la niñez que aquellas que se organizan para dañarla.”— Familias de niñas y niños víctimas de abuso sexual.

Hasta hoy, la SEP ha intentado cumplir con algunos lineamientos dictados en la sentencia, como generar protocolos para prevenir, identificar y sancionar malos tratos hacia niñas, niños y adolescentes; sin embargo, estos presentan graves limitaciones:

• No contemplan a la Fiscalía en las investigaciones.

• Se aplican solo en escuelas públicas, cuando las violencias también han ocurrido en escuelas privadas.

• La mayoría de los estados del país no cuenta con protocolos.

Como resultado, el esfuerzo es insuficiente y las escuelas siguen sin ser espacios seguros.

Una fecha que debe significar acción

A raíz del caso Champagnat, la SEP estableció en el calendario escolar una jornada de concientización sobre violencia sexual cada 8 de septiembre.

El problema es que no existe un protocolo ni una planeación sobre qué debe hacerse y cómo realizarlo en las escuelas. La mayoría del personal docente ni siquiera conoce el origen de esta medida.

Por ello, es responsabilidad de la sociedad tomar esta oportunidad y exigir:

• Que las instituciones educativas informen qué actividades realizarán ese día.

• Que madres, padres y cuidadores puedan involucrarse.

• Que existan protocolos claros en los que sea la Fiscalía —y no la SEP— la instancia que investigue y sancione.

  
  

El 8 de septiembre es una oportunidad

La disculpa pública es un paso importante, pero insuficiente. Mientras no existan protocolos claros, investigaciones integrales y sanciones efectivas, las escuelas seguirán siendo espacios de riesgo para las infancias.

La sociedad no puede permanecer indiferente: este 8 de septiembre es una oportunidad para abrir los ojos y exigir que los planteles educativos en México sean verdaderamente espacios seguro, dignos y protectores para niñas y niños. Necesitamos medidas de no repetición para todas las instancias de educación básica del país.

Debemos exigir lo que la sentencia dicta, entre otras:

·      La elaboración de protocolos sobre abuso sexual infantil en todas las escuelas.

·      Capacitación permanente a todo el personal academico y administrativo de planteles educativos sobre prevención, detección y actuación en situaciones de violencia sexual.

·      Producción y publicación de material de prevención, detección y atención de violencia sexual en las aulas.

·      Establecer criterios de contratación que aseguren un perfil apropiado para trabajar con niños, niñas y adolescentes.

Tal como lo dijo Mariana Gil Bartomeu, Directora de la ODI: “La escuela es la institución mas relevante para un país que aspira a ser una nación en donde la dignidad se haga costumbre… si la escuela cae, el país no tiene presente ni futuro. Si la SEP no responde le seguirá fallando a la niñez y a la adolescencia de México, a la sociedad entera… Nunca más, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro".